Más allá de cuestiones relativas a si uno es mejor, otro es más barato o quien tiene más cuota de penetración, la batalla entre fabricantes o tecnologías poco motivaba a los usuarios a decantarse por un sistema u otro. Al final, en este caso concreto, todo se reduce a ver una película en casa.

Estos días se está hablando, y mucho, de otro debate muy similar: la del nuevo lenguaje HTML5 contra la tecnología Flash.

La llegada del dispositivo iPad y las declaraciones realizadas por su fabricante, Apple, así como la posición que han tomado diferentes actores (fabricantes de hardware, empresas de software, desarrolladores, etc.) ha hecho que trascienda de su entorno más techie y pase a ser casi una cuestión que se puede oír en cualquier foro.

En realidad se trata de algo mucho más serio, se trata de sentar las bases sobre cómo avanzará y será el futuro desarrollo de los nuevos dispositivos para consumir contenidos digitales y qué aplicaciones podrán gestionar.

La diversidad de soportes (tablets, Net PCs, GPS, TVs, reproductores de vídeo portátiles, pantallas interactivas, etc.) obliga a que todos los puedan ser contenidos vistos en cualquier dispositivo de forma transparente para el usuario, sin necesidad de transformaciones o adaptaciones que no hagan sino añadir más dificultades a los desarrolladores.

Si observamos como ha sido la evolución en este sentido, llegamos a la conclusión que el uso de tecnologías reconocidas como estándares ha hecho que cualquier fabricante y que cualquier desarrollador haya podido conocerla con todo detalle, utilizarla y distribuir su resultado final sin ningún problema. Ya, en su momento, se vivió la conocida como “guerra de los navegadores” en donde había websites que su visualización no era correcta dependiendo del tipo de navegador utilizado.

La “batalla” que se vive en la actualidad sobre la idoneidad de tecnologías propietarias -como Flash- pone en cuestión el dejar en manos de fabricantes -y sus condiciones de uso- qué determinados contenidos no puedan estar disponibles en algunos dispositivos o en algunos formatos, algo que cada vez el usuario final valora más, y por lo que no está dispuesto a pasar.

Pensemos en YouTube por ejemplo. Hasta ahora todos sus vídeos, que son millones, se ofrecían en un formato basado en tecnología Flash, por lo que obligaba a que cualquier navegador tuviera el plugin necesario para ver estos vídeos. Si bien la penetración de navegadores con este plugin es ya de un 99%, hay fabricantes y desarrolladores que cuestionan el acierto de este formato, cuando hay alternativas de sobra reconocidas y que son un estándar dentro de la industria (H.264), de forma que no obligan a instalar ningún plugin ni programa especial previo a ver este contenido.

En este caso, el éxito de ambas tecnologías es encontrar su espacio y crecer todo lo posible en él, aportando sus mejores cualidades a los desarrolladores. Cada uno de ellos debe de reconocer cuales son sus fortalezas y construir su visibilidad desde ahí. No se me ocurre una tecnología mejor que Flash para desarrollar sitios como “Have a Camper Day”,  sin duda toda una experiencia para el usuario; y por otro lado, no creo que haya mejor tecnología como HTML5 para desarrollar aplicaciones web como Gmail, en donde la funcionalidad y rapidez de uso es clave.

Por eso, la adopción de una tecnología u otra a la hora de abordar un desarrollo web es algo que merece la suficiente atención como para hacerlo estudiando y reflexionando sobre el impacto que puede tener en cualquier escenario.

Es posible que hace unos años todo fuera más sencillo, había muchas menos tecnologías y menos soportes. Ahora, las posibilidades se multiplican, pero no por ello se debe caer en la solución más fácil o simple, sino que es necesario enfrentarse a las preguntas realmente importantes: ¿Qué tipo de usuario accederá a este contenido?, ¿en qué soporte?, ¿qué tipo de contenido será?, ¿cuáles son los objetivos de esa aplicación web?.

La decisión sobre qué tecnología utilizar vendrá sola, después de habernos hecho preguntas como estas. Y sobre todo habrá sido una decisión meditada, y no condicionada por normas, acuerdos o modas pasajeras.

Esteban Trigos

Director de Investigación e Innovación en Marketing en DoubleYou

La polémica surgió a raíz de la visita de uno de los inspectores de la SGAE a una peluquería de Barcelona: el titular de la referida peluquería abierta al público tiene instalado en ella una radio. El aparato de radio mencionado está ubicado en la zona de atención al público y su finalidad es la de dar un servicio más a sus clientes, cual es el de crear ambiente; un ambiente agradable que invite a esperar y cortarse el pelo de forma más relajada y agradecida. Uno de los inspectores de la SGAE entró en la peluquería con la intención de informar al titular del local de que, por mandato legal y en representación de los socios que forman parte de la sociedad, debía pagar una cuota de 6 euros mensuales en concepto de comunicación pública por la música que ponía a sus clientes. A raíz de esta comunicación, las peluquerías de Cataluña han puesto el grito en el cielo, como ya antes lo hicieron los hosteleros, los transportistas de viajeros, los baristas, etc. ¿Realmente tiene derecho la SGAE a cobrar esta cuota?.

La propiedad intelectual es un derecho que otorga al autor la posibilidad de explotar su obra como quiera y por medio de todas las variedades que la vigente legislación reconoce. Por tanto, podrá decidir si quiere que su creación se conozca o no, cómo explotarla y, en su caso, cobrar por su utilización.

Es, pues, evidente que su utilización gratuita por extraños con fines lucrativos supondría un enriquecimiento injusto. En el caso de las peluquerías, el uso que se da a la música es dotar de ambiente al local, esto es, darle un valor añadido. Debido a que los autores no pueden controlar el uso que se hace de sus obras, en ciertas ocasiones la SGAE les representa e intermedia en su nombre para el cobro de sus honorarios por el uso de sus obras. Y esto es lo que sucede en este caso; el titular que explota un local abierto al público en el que ofrece audiciones radiofónicas, viene obligado a satisfacer a los autores, por medio de la SGAE, los derechos correspondientes según las tarifas generales.

Pablo Fernández Burgueño

Socio-fundador de Abanlex